Criterios para la reconstrucción de lo público en Educación en el Chile Neoliberal

opech2
18 agosto 2014

Tras años de movilización por la educación, existe un consenso mayoritario de fortalecer la Educación Pública. Sin embargo, este desafío se enfrenta a décadas de desarticulación teórica y material de lo que entendemos por “lo público”.

Durante este año, se han sucedido intentos desde los partidos políticos, investigadores y, sobre todo, de representantes de intereses corporativos, de proponer criterios para caracterizar lo público en educación, limitando el debate a identificar cuáles son las instituciones de educación superior que deben ser financiadas por el Estado.

En la búsqueda de dar una perspectiva amplia, que supere la lógica corporativista, hemos elaborado este documento con el desafío de proponer criterios que enriquezcan el sentido de lo público en el actual sistema educativo chileno, mercantilizado, tras 30 años de profundas reformas neoliberales.

Esta situación se expresa en un sistema educativo desigual, segmentado, y altamente privatizado, con una importante presencia de grupos económicos corporativos nacionales y transnacionales. El sentido de la educación se ha visto mediado por los intereses privados de lobistas, sostenedores, consultoras, mercado de asesorías y capacitaciones, e inversionistas. Como resultado, enfrentamos un discurso y una práctica educativa que están plenamente contaminadas por las lógicas mercantiles.

El presente documento se ha elaborado con la participación de diversos actores educativos, quienes en conjunto, han establecido cuáles son los criterios que permitan definir la Educación Pública, proyectando una perspectiva en construcción, distinta a la precariedad neoliberal en el cual ha estado situado (inmerso) el modelo educativo en las últimas tres décadas.

El desafío de reconstruir lo público hoy

En este escenario educativo, el más privatizado y mercantilizado en el mundo, la reconstrucción de lo público requiere altas dosis de creatividad colectiva en la lucha de los movimientos sociales, por medio de un trabajo permanente y de largo alcance.

Fortalecer la educación pública requiere transformar el Estado “neoliberalizado”, mediante un proceso dialógico, orgánico, participativo y democrático con las comunidades. Asimismo, es importante destacar que la Educación Pública no sólo la constituyen las alternativas formales institucionalizadas, sino también las experiencias educativas no formales de alternativas locales, comunitarias y populares.

Principios que deben articular a la Educación Pública

En esta línea, una definición de la Educación Pública, a largo plazo, implica necesariamente apuntar hacia los siguientes principios:

  1. La Educación Pública no es sólo un derecho fundamental, sino que también es universal. La Educación Pública es opuesta a la idea de la Educación como un servicio y/o bien de consumo.
  2. La Educación Pública responde a un derecho social común a todos, por lo tanto, no es sólo individual. Esto conlleva transformar la lógica de la competencia, tal como promueve el modelo neoliberal actual y fortalecer una formación (institucionalidad) de tipo colaborativa y solidaria.
  3. La Educación Pública está orientada por las necesidades de las grandes mayorías sociales: por definición, la Educación Pública reúne a los intereses de todos y todas. Debe instaurarse un sistema educativo nacional, transversal y articulado que incida en la formación de todos los chilenos y chilenas, que dialogue con las particularidades de los contextos y los intereses de las comunidades.
  4. La Educación Pública es abierta para todos y todas: es incompatible con la Educación de carácter selectivo; por lo tanto, es inclusiva en un sentido amplio.
  5. La Educación Pública es gratuita: cualquier alternativa que signifique un cobro al educando o a las familias, le quita su sentido público, ya que pone barreras a su acceso y segmenta según quién puede pagar dicha educación.
  6. La Educación Pública implica participación, democracia y control comunitario. Conlleva un ejercicio de deliberación activa y toma de decisiones por parte de las comunidades. Los actores educativos deben tener injerencia en la definición de las finalidades educativas, el desarrollo curricular, y la gestión administrativa y presupuestaria.
  1. La Educación Pública desarrolla capacidades para el ejercicio de ciudadanía y participación. Se basa en la formación sujetos críticos como fundamento de una sociedad en constante cambio.
  2. La Educación Pública debe generar cohesión social. Esto significa que la diversidad le es consustancial. El Estado debe fijar condiciones y criterios para el funcionamiento de proyectos educativos, en la línea de generar condiciones que valoren la diversidad y la inclusión socioeducativa.
  3. La Educación Pública se adapta a cada contexto local, a través de la participación de las comunidades. Tiene un carácter situado y pertinente a las necesidades de las comunidades educativas.
  4. Para avanzar en la construcción de un proyecto educativo en el país, los fines de la Educación Pública deben ser construidos deliberada, democrática y fundamentaldamente, a nivel nacional y local. Estos fines se van replanteando continuamente, por lo tanto, requiere que las mayorías y las comunidades debatan su sentido.
  1. La Educación Pública no puede tener propietarios/sostenedores, porque no responde a fines particulares, sino a intereses colectivos. Además, no debe estar bajo el control y la influencia de los poderosos grupos económicos, esto atenta contra la democracia y la libertad de los ciudadanos.
  2. La Educación Pública es laica y pluralista. Se sostiene en proyectos colectivos, por lo cual es incompatible con proyectos educativos particulares.

Algunas medidas a corto plazo para fortalecer la Educación Pública:

Los principios antes propuestos son de largo alcance. Por lo mismo, no podemos olvidar las medidas que permitan avanzar en la reconstrucción de lo público en educación hoy.

Es importante tener en consideración que todo tipo de transformación al sistema actual está mediado por los intereses de los grupos políticos, religiosos y empresariales; por ello, cualquier anuncio o medida gubernamental debe ser analizada críticamente en sus efectos reales más que en su intencionalidad discursiva.

Algunas medidas factibles a corto plazo, porque no requieren cambios constitucionales, que podrían contribuir a iniciar la modificación del carácter mercantil y privatizado de la educación son:

  1. Eliminar la selección educacional en todas sus formas y en todos sus niveles.
  2. Acabar definitivamente con la prueba SIMCE obligatoria para todos los colegios y con el ranking de puntajes por escuelas.
  3. Aumentar el financiamiento a las instituciones educativas públicas y cambiar el modelo de gestión de los recursos.
  4. Desmunicipalización sin privatización y con participación de las comunidades.
  5. Propiciar las condiciones para aumentar la matrícula en instituciones educativas públicas.
  6. Derogar o modificar las normativas que inhiben la participación resolutiva de los actores en las instituciones educativas.
  7. Mejorar las condiciones materiales de las instituciones educativas públicas y fortalecer las condiciones laborales de los docentes y trabajadores de la Educación en general.

Esperamos que los principios señalados sirvan como insumo a las discusiones por venir y que permitan estar atentos a la contingencia educativa, para promover los cambios profundos que requiere la Educación en Chile. Invitamos a las y los actores sociales y educativos a deliberar en forma conjunta sobre el sentido y las condiciones para reconstruir la Educación Pública, para que sean las grandes mayorías, y no los intereses particulares, los que impulsen las transformaciones que se necesitan para romper con la mercantilización y privatización de la educación.

Descargar

Publicado por